Latinoamérica

Estos son los países de América Latina que vigilan a sus ciudadanos

Una ONG sigue de cerca los riesgos de esta tecnología.
lunes, 16 de agosto de 2021 · 09:15

El mundo entero se está empezando a preocupar por el propósito de los equipos de vigilancia que emplean los gobiernos para mantener la seguridad, cuando la privacidad se está viendo seriamente comprometida por el avance de la tecnología.

Herramientas como cámaras de seguridad con sistemas de reconocimiento facial pudieran comenzar a utilizarse con otros propósitos, con Latinoamérica como punto crítico donde se empleen para espionaje y atropello a los derechos humanos.

Cámaras de seguridad 

Las bases de datos biométricos que incluyen patrones faciales y huellas digitales permiten una vigilancia extrema que le pone los pelos de punta a cualquiera, cuando las calles de las principales ciudades están llenas equipos de video.

Argentina es el país con más sistemas de vigilancia de la región, donde unas 12 empresas, la mayoría de ellas extranjeras, llevan a cabo la administración de este tipo de equipamiento, mientras que Brasil ha usado eventos masivos como el Carnaval de Río en 2019 para engrosar sus bases de datos.

Buenos Aires

En Ecuador, el programa ECU 911 habría sido utilizado por el gobierno para espiar a sus opositores políticos, y desde su creación en el año 2010 ya se han instalado unas 6.000 cámaras en todo el país.

La organización no gubernamental Access Now presentó el resultado de una investigación conjunta del Laboratorio de Políticas Públicas e Internet, en Brasil, La Asociación por los Derechos Civiles, en Argentina, y Lalibre.net, en Ecuador.

Preocupaciones por la vigilancia

En el informe se plantean las preocupaciones sobre la cantidad de equipos de monitoreo y su propósito, para "identificar, seguir y rastrear a las personas dondequiera que vayan", sin que sean necesariamente de interés para la seguridad pública.

Al final nosotros estamos siendo identificados. Nuestras actividades pueden ser trazadas y jamás tuvimos un espacio para consentir que esto suceda.

Comentó Verónica Arroyo, asociada de políticas públicas para América Latina de Access Now, a la que le preocupa que la legislación inherente no cuenta con el alcance necesario,  resultando "insuficientes para proteger a los ciudadanos de la vigilancia estatal".

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