Monsanto

Monsanto recibe una multa en Francia por espiar ilegalmente a periodistas y activistas

La empresa vigila a los que hablan sobre los peligros de sus productos.
jueves, 29 de julio de 2021 · 08:49

Francia multó a Monsanto con unos 400.000 euros, luego de que se descubriera que la empresa de agroquímicos y biotecnología llevaba un archivo con información detallada de personas vinculadas a la oposición de productos herbicidas de la empresa que se consideran cancerígenos.

La multinacional, que ahora pertenece a la firma alemana Bayer, estuvo acumulando información privada de manera ilegal, según la capacidad que tuvieran para influir en la opinión pública sobre el polémico debate sobre el uso del glifosato.

Activistas contra Monsanto

Un grupo de 200 personas, entre las que se encuentran periodistas, científicos y activistas por el medio ambiente, estarían bajo la lupa de Monsanto por oponerse abiertamente al herbicida insignia de la corporación de origen estadounidense.

El caso fue presentado por 7 afectados ante la Comisión Nacional de Informática y Libertades de Francia, que aplicó la sanción pecuniaria, abriendo un debate en toda Europa; se estima que Monsanto ha espiado a más de 1400 personas.

Monsanto

Monstanto estudiaba datos como lugares de trabajo y cargo, números telefónicos, mails y redes sociales, calificándolos con una escala del 1 al 5 por su capacidad para apoyar o contrariar el uso de los productos que por años han sido objeto de cuestionamientos.

La legislación francesa exige que la información personal que aparece en cualquier banco de datos debe ser notificada, para que se pueda ejercer el derecho de modificación o eliminación si la persona así lo desea.

Vigilancia ilegal

La creación de ficheros de contactos por representantes de intereses con fines de cabildeo no es, en sí mismo, ilegal. En cambio, solo pueden figurar personas que puedan razonablemente esperar, por su notoriedad o su actividad, ser contactadas.

Bayer cuestionó la multa, alegando que las autoridades francesas no tenían argumentos concretos que demostraran una conducta de vigilancia ilegal sobre las personas involucradas en la polémica lista.

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