ENTREVISTA MINUTO COLOMBIA

“El Gobierno ha sido opresor y ha dado un tratamiento de guerra a la protesta”: Laura Velasco

La legisladora y miembro de la misión de derechos humanos que viajó desde Argentina nos contó sobre lo que encontraron en su visita al país.
lunes, 28 de junio de 2021 · 12:30

Hoy el paro nacional cumple dos meses, y durante estos 60 días de movilización popular han sido múltiples los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en contra de los manifestantes, principalmente a manos de la fuerza pública; por lo que distintas plataformas de derechos humanos le han exigido al Gobierno que se garantice la protesta pacífica y se respete la vida de quienes han alzado su voz.

Así como la CIDH, otras delegaciones se encuentran al tanto de lo que ocurre y han decidido intervenir. Desde Argentina fue conformada la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos, integrada por distintas organizaciones populares sociales y de derechos humanos, quienes cuentan con ardua experiencia en el tema y en vista de lo sucedido viajaron a Colombia para verificar en campo la situación, visitando ciudades como Bogotá, Pereira, Cali, Popayán y Medellín.

Laura Velasco, legisladora porteña y defensora de DDHH

Aunque el inicio de su viaje se vio entorpecido por la negativa de Migración Colombia en dejar ingresar a Juan Grabois, miembro de la misión, superaron este traspié y lograron visibilizar y denunciar la barbarie del Gobierno en contra del pueblo colombiano.

Durante su visita se reunieron con diferentes actores sociales del paro, especialmente con las víctimas de violación a derechos humanos. También solicitaron reunirse con la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de la Nación pero estas no accedieron al encuentro.

La misión pudo evidenciar múltiples crímenes de lesa humanidad

"El panorama realmente es muy grave", dice en entrevista exclusiva para este diario Laura Velasco, legisladora porteña y miembro de la delegación, quien hace énfasis en que" el Gobierno ha sido opresor y ha dado un tratamiento de guerra", viendo a quienes se movilizan en la protesta como un enemigo interno, lo que ha llevado a una violación de derechos humanos en democracia, es decir a un terrorismo de Estado.

Este mismo sistema de violencia y represión se ha visto en el campo colombiano durante toda la historia del país: muestra de ello han sido los asesinatos a líderes sociales de los cuales se tiene registro, pues son más de 1.500 desde que se firmó el acuerdo de paz; por lo que el Estado estaría dando el mismo tratamiento de guerra que ha existido por años en el campo ahora en las áreas urbanas.

Ante la ola de violencia, la ciudadanía ha pedido un SOS por Colombia

La misión se encontró con los familiares de las personas asesinadas, ciudadanos que fueron reportados como desaparecidos, víctimas de lesiones oculares, mujeres víctimas de violencia sexual y víctimas de persecución y, pese a que su visita fue solo de 10 días, las denuncias son innumerables y los testimonios desgarradores.

Encontraron, según su informe preliminar, que las autoridades policiales, en especial el ESMAD, han tenido un tratamiento bélico en contra de los manifestantes, incluso con ciudadanos que no están involucrados en el paro, a través de diferentes mecanismos que demuestran un actuar abusivo y arbitrario.

A través de las denuncias recogidas se evidenciaron: 201 casos de desapariciones, 62 asesinatos, 1.087 capturas ilegales, 133 casos de tortura; así como lesiones oculares, ataques a la minga indígena, violaciones a mujeres, heridos y otro tipo de denuncias, especialmente en Cali, ciudad que durante los dos meses de paro ha tenido altísimos índices de violencia.

Asimismo, confirmaron ataques a la misión médica, a las plataformas de derechos humanos y a la prensa, quienes han sido agredidos, torturados y amenazados, principalmente a manos de la fuerza pública, pero también pudieron constatar ataques por parte de civiles armados que han contado con el respaldo de las autoridades para cometer estos crímenes. En el caso de la prensa, muchos profesionales incluso denuncian haber sido allanados en sus viviendas y la retención de su material de trabajo por parte de la policía, lo que además representa una violación a la libertad de prensa.

Pese a que los jóvenes han sido los más atacados muestran una fortaleza y resistencia y exigen ser escuchados. Aseguran que están arriesgando su vida porque ya no tienen nada que perder, pues el país no brinda suficientes oportunidades de empleo y educación y, en muchos casos, están viendo que a sus familias ya también les falta el alimento. Sin embargo, no solo los jóvenes han alzado su voz en rechazo al Gobierno, pues gran parte de la sociedad ha apoyado la protesta, ya que comparten la idea de que el país necesita un cambio, según señala Velasco en entrevista para Minuto Colombia.

Durante el paro no ha habido respeto por la libertad de prensa

La misión asegura que los ataques por parte de las autoridades no obedecen a casos aislados. Por ello, parte de su informe apunta, como dice la legisladora, a “demostrar que es una violación sistémica a derechos humanos”, pues las pruebas indican que el Gobierno ha sido represivo y que toda esta situación obedece a un terrorismo de Estado, por ello, harán llegar su informe a diferentes organizaciones internacionales como a la CIDH, quien también estuvo en el país para observar la situación.

Las afirmaciones sobre que la protesta está intervenida por grupos armados son una excusa del Estado para continuar dando un tratamiento de guerra a la movilización y a las denuncias de la sociedad, especialmente de los jóvenes. "Es sumamente grave que sin ninguna prueba se esté señalando, se esté acusando, se esté disponiendo de recompensas por información sobre las personas. Se las está persiguiendo como si fuera ilegal hacer parte de una movilización. Lo que está pasando en el país es gravísimo y es completamente contrario a un sistema democrático”, aseguró la legisladora a este diario.

La falta de oportunidades llevó al estallido social

Ha sido precisamente la acción represiva del Estado lo que infunde el miedo en la sociedad para que incluso las víctimas no denuncien las violaciones, pues temen que al hacerlo luego sean perseguidos o asesinados. Les da pavor ir a los hospitales para recibir atención pese a encontrarse heridos, pues allí también los buscan.  La ciudadanía perdió toda la confianza en las instituciones debido a que son las mismas autoridades las que los atacan por movilizarse.

En todo su recorrido, los representantes de la delegación encontraron violaciones a derechos humanos, pero les llama especialmente la atención que incluso sus defensores también sean víctimas de la represión, ya que ellos en su labor entran a ser parte casi de una segunda línea en la movilización, pues deben garantizar y verificar que se respeten los derechos humanos de los protestantes. Además, se han convertido en el principal recurso de las víctimas para denunciar ante la ausencia de los organismos de control nacional, lo que representa también una alarma para que haya una "intervención internacional".

Las autoridades han dado un tratamiento bélico a la protesta

Encima de que el Gobierno ha sido opresor, se niega a escuchar y establecer mesas de diálogo para proponer soluciones reales al estallido social por lo que "la presión internacional es clave" para que el presidente Iván Duque escuche las demandas populares, señala la legisladora. De hecho, muchos puntos de resistencia (bloqueos) se han levantado como un gesto de voluntad por parte de los protestantes esperando que el Ejecutivo tenga una mayor disposición, sin embargo, su respuesta continúa siendo la violencia.

Aunque la misión ya terminó, las denuncias no paran y siguen recibiendo casos sobre violaciones a derechos humanos. Pese a ello, las entidades nacionales continúan hablando de unos pocos casos, especialmente de los asesinatos, lo que evidencia que además estos organismos no son independientes del gobierno central. Lo mismo ocurre con las fuerzas de seguridad, ya que al hacer parte del Ministerio de Defensa el tratamiento que se da no tiene una diferencia sobre el que deben ejercer las fuerzas armadas, por lo que se necesita con urgencia una reforma policial de fondo y no cosmética, como la que anunció el presidente hace solo algunas semanas.

Cientos de ciudadanos han terminado heridos por los problemas de orden público

Como delegación han asumido el compromiso de hacer llegar las denuncias de las víctimas a organizaciones internacionales para detener la represión, pero también para que las demandas fueran escuchadas, es decir que buscan visibilizar el clamor del pueblo, pues el descontento de los ciudadanos es general, no solo de los que están marchando, por lo que es clave buscar una salida política para atender las necesidades de los colombianos. Y es precisamente buscando mecanismos políticos que han invitado a los jóvenes a aprovechar su liderazgo y continuar con la protesta para no seguir poniendo en riesgo su vida, por lo que es fundamental buscar alternativas desde el sistema democrático para detener el conflicto y lograr el cambio.

Aunque la misión aún no entrega su informe final, ha logrado concluir que “el estado colombiano debe ser investigado”, pues a través de la represión no solo ha impedido el derecho legitimo a protestar, también ha torturado, amenazado, asesinado y desaparecido a varios actores de la movilización. Pero sobre todo, el Estado debe ser investigado por haber determinado que los protestantes, especialmente los jóvenes, eran su enemigo y, bajo esta premisa, justificado sus crímenes de lesa humanidad.

Otras Noticias