ENTREVISTA MINUTO COLOMBIA

Las lesiones oculares: una marca indeleble de la violencia estatal

Juliana Bustamante, directora de PAIIS, nos habló en entrevista exclusiva sobre las gravísimas repercusiones de este tipo de agresiones.
martes, 13 de julio de 2021 · 12:37

PAIIS, el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social de la Universidad de los Andes, dirigido por Juliana Bustamante, es una clínica jurídica de derechos humanos que nació en el año 2007 para promover especialmente los derechos de las personas con discapacidad, así como de otras poblaciones; gracias a la evolución de su labor también han logrado trabajar con las víctimas con discapacidad del conflicto armado. Ha sido precisamente esta experiencia lo que les ha permitido concluir que, en la forma violenta en la que el Estado ha abordado la protesta social, hay una similitud en como se aborda a los combatientes.

Aunque PAIIS no está haciendo la sistematización de las denuncias sobre violación a derechos humanos en el marco del paro nacional, como si lo hacen Indepaz y Temblores ONG, han acompañado a las víctimas y han realizado un análisis sobre los datos con una perspectiva de derechos humanos, encontrando que, durante la protesta social, hay unas cifras gravísimas sobre violencia letal, violencia policial (especialmente en el uso indebido de armas). También en el traslado de protección, que pese a ser una figura para proteger a los ciudadanos, se ha convertido en una manera de castigar a la población por estar en la protesta, ya que dichos traslados no son más que casos de detenciones arbitrarias donde se viola el derecho a la libertad, como asegura Bustamante en entrevista exclusiva para este diario.

Juliana Bustamante, directora de PAIIS

Así mismo se han evidenciado múltiples casos de desaparición forzada, especialmente con los jóvenes, quienes en muchos casos han estado apareciendo muertos en diferentes zonas del país. Además documentan casi un centenar de casos de violencia ocular.

Hasta el momento PAIIS ha registrado 82 víctimas de lesiones oculares durante el desarrollo de las movilizaciones, lo que no solo evidencia un uso desproporcionado por parte de las fuerzas del Estado, también un uso deliberado e inadecuado de los dispositivos con los que cuentan y de los cuales se tiene conocimiento acerca del agravio que pueden causar. Pese a ello "están siendo empleados para generar el mayor daño posible".

Las autoridades han hecho un uso indiscriminado de armas letales

Juliana le aseguró a este diario que es importante fijarse en este tipo de violencia porque busca castigar el ejercicio del derecho a la protesta, ya que el Estado ha respondido a este como si se tratara de un delito por el cual hay que castigar a quienes hacen parte de la movilización, enviando además un mensaje de intimidación a quienes también quieren marchar. En vez de estar protegiendo este derecho, la fuerza pública lo está violentando, dejando en las víctimas una huella indeleble no solo física y emocional, también una marca que representa la violencia del Estado.

PAIIS asegura que, aunque los han cuestionado, han podido plantear que esta violencia estaría obedeciendo a acciones sistemáticas por parte del Estado, ya que tienen unas características similares para definirlas como tal. Primero, porque se realizan en contexto de violación masiva y generalizada de derechos humanos, en este caso en el marco del paro; segundo, porque se trata de delitos contra poblaciones semejantes es decir, los manifestantes, en su mayoría jóvenes.

Tercero, debido a que hay un número significativo de víctimas, que en particular en este paro solo ha ido en aumento; cuarto, que hayan sucedido en un mismo periodo y espacio geográfico, como ha ocurrido durante la movilización. Quinto, cuando se presenta una violación de derechos humanos grave y repetitiva, es decir, que no son casos aislados o accidentales; sexto, cuando las violencias que se presentan tienen unos elementos comunes en la forma en la que se producen (modus operandi), donde Juliana manifiesta que, en el caso del paro, “obedecerían a un saber tácito que tiene la Policía sobre el uso de sus armas de una manera indebida, lo que produce unos daños determinados”.

Aunque no haya una orden sobre ejercer ese tipo de violencia no deja de ser grave pero, sobre todo, no deja de ser evidente que estas prácticas obedecerían a acciones sistemáticas de la Policía. En particular, en este paro han sido recurrentes las violencias oculares posiblemente porque Colombia comparte prácticas de formación con la Policía de Chile, donde durante el paro del 2019 se reportaron cerca de 400 casos de violencia de este tipo, lo que demostraría que hay una similitud en el actuar por parte de estas instituciones; no obstante, esto todavía es materia de investigación por parte de PAIIS.

En Chile este tipo de violencia ha sido muy recurrente en las manifestaciones

Cuando hay una agresión de este tipo las repercusiones físicas y emocionales son muy graves, psicológicamente las víctimas quedan expuestas a juicios sociales porque en su cuerpo llevan impresa la marca de la violencia por haber participado en la protesta, lo que afecta su autoestima y seguridad e impacta la manera en la que la persona se presenta ante el mundo. Pese a ser víctimas de la violencia, la falta de rutas en el sistema de salud termina generando más maltratos pues los juzgan, señalan y estigmatizan, lo que se convierte en un doble castigo; además genera unos gastos económicos altísimos que la persona no esperaba tener debido a que el tratamiento de este tipo de lesiones suelen ser muy costosos, pues requieren de procedimientos especializados, cirugías y prótesis.

Recopilando un informe publicado por Cerosetenta, cuando se presentan estas agresiones, al recibir el impacto el ojo se comprime, lo que provoca su hundimiento en el cráneo o que se desencaje de su órbita. El medio también señala que el golpe revienta los párpados, exponiendo el órgano, además de dañar todas las estructuras del ojo, lo que en su mayoría provoca ceguera.  Así mismo, la agresión puede provocar fracturas tanto de la órbita ocular como de otros huesos, incluso la pérdida de dientes, lo que podría incurrir en parálisis facial y dolor agudo permanente. Como si fuera poco, se daña el nervio facial y, debido a que las agresiones son provocadas con armas, sus químicos también ocasionan quemaduras en la piel. El daño es tan grave que casi en un 100% de las veces la única solución es extraer el ojo.

La violencia ocular envía un mensaje de amenaza para los protestantes

Este tipo de agresión además genera un impacto en la sociedad, ya que no solo violenta a quien recibe el golpe, también a los testigos. Envía un mensaje de amenaza a quienes quieren participar de la movilización y, a la población en general, una advertencia sobre que protestar y alzar su voz en contra del Gobierno trae consecuencias.

Desde PAIIS están acompañando a las víctimas con su consultorio jurídico para que estos hechos no queden impunes y haya algún tipo de reparación. Además de visibilizar estas denuncias generan espacios académicos y de inclusión ante organismos nacionales e internacionales para que estos casos no se conviertan solo en un número, sino que haya una mayor incidencia sobre lo que hay detrás de estas acciones, tal como le dieron a conocer a la CIDH cuando visitó el país.

Las víctimas exigen reparación

Si bien la Comisión ya entregó su informe con una serie de recomendaciones el Gobierno se ha negado a acogerlas, lo que podría acarrear una repercusiones graves para el país. Juliana nos manifestó que “es muy desafortunado que el Estado no reconozca el valor de las recomendaciones y no las quiera cumplir”, especialmente la propuesta de separar la Policía del Ministerio de Defensa, porque este debe ser un cuerpo civil y no un actor de guerra como lo ha hecho hasta ahora, un llamado que además han hecho más organizaciones internacionales.

El Ejecutivo, según explica Bustamante, tampoco puede negar la instalación del mecanismo de seguimiento de la delegación, ya que esto tiene unas implicaciones ante organismos como la OEA y negarse solo hace que el mundo continúe poniendo los ojos sobre Colombia y el Gobierno, lo que en consecuencia podría acarrear futuros desgastes o problemas en las relaciones bilaterales pero, sobre todo, con esta postura se envía un mensaje contradictorio sobre que este es un Estado democrático que respeta los derechos humanos, pues lo único que hace con tanta indiferencia y falta de respuestas es seguir ignorando las necesidades del pueblo y profundizar una crisis que evidentemente no da más.

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