LEY DE DELITOS AMBIENTALES

La ley de delitos ambientales es un paso hacia la protección de la biodiversidad en el país

El proyecto fue aprobado en el Congreso.
martes, 22 de junio de 2021 · 08:46

Durante los últimos días de legislación en el Congreso se lograron aprobar varios proyectos, quizás el más importante de ellos, la ley de delitos ambientales, con el cual se busca proteger la biodiversidad y la riqueza natural que tiene el país.

Por medio de esta iniciativa, ahora quienes cometan delitos en contra de la conservación ambiental serán duramente sancionados, incluso podrán quedar privados de la libertad, y tras su aprobación solo se espera la sanción presidencial.

Según el ministro de Ambiente Carlos Correa, con este proyecto “se fortalece la estrategia nacional de defensa de nuestros recursos naturales”, por lo que este paso es muy importante para el país en materia de protección ambiental.

Con la nueva ley, delitos como: promoción y financiación de la deforestación, tráfico de fauna, retención o financiación de la apropiación ilegal de baldíos de la nación y la financiación de invasión a áreas de especial importancia ecológica, tendrán penas de hasta 15 años de prisión; también habrá sanciones monetarias de hasta 134 salarios mínimos.

Así mismo, a partir de ahora habrá duras penalidades para quien “tale, queme, corte, arranque o destruya áreas iguales o superiores a una hectárea continua o discontinua de bosque natural o manglar”, según señala la ley, ya que esta busca principalmente detener la deforestación. Uno de los principales problemas medioambientales en el mundo.

La nueva ley busca fortalecer las sanciones a quienes cometen delitos ambientales.

El ministro de ambiente le agradeció al Congreso al darle este respaldo a la ley de delitos ambientales, ya que es uno de los pasos más importantes para continuar en “la lucha por la protección de los recursos naturales”.

Pero según dijo Correa, lo más trascendente de este nuevo marco normativo, es que al entrar en vigencia podrá seguirse replicando aún cuando finalice la actual administración, pues será una herramienta legal permanente para condenar a quienes saquen provecho de los recursos naturales de manera ilegal.

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