SUPERITENDENCIA DE SOCIEDADES

Tres de las cuatro empresas de UT Centros Poblados bajo la lupa de la Supersociedades

Las entidades tendrían graves problemas de orden administrativo, jurídico y económico.
viernes, 22 de octubre de 2021 · 09:28

Tres de las cuatro empresas que conforman la Unión Temporal Centros Poblados pasarán a ser supervisadas por la Superintendencia de Sociedades debido a que el ente de control encontró graves problemas de orden administrativo, económico y jurídico dentro de las entidades.

En este sentido, las sociedades ICM Ingenieros S.A.S., Intec de la Costa S.A.S. y Omega Buildings Constructora S.A.S. serán sometidas “al máximo grado de supervisión”, según señaló la Supersociedades. La última firma de la UT, Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación-NOVOTIC, no hará parte del proceso de vigilancia debido a que al ser una sociedad sin ánimo de lucro su vigilancia está a cargo de las gobernaciones.

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A través del proceso de supervisión que realizará, el ente supervisor manifestó que buscará ejercer los correctivos necesarios que puedan mejorar las condiciones por las cuales se estableció el control. Es decir, “subsanar situaciones críticas de orden jurídico, contable, económico o administrativo”.

Mediante la figura de control máximo, la Superintendencia puede “autorizar la solemnización de toda reforma estatutaria; autorizar la colocación de acciones y verificar que la misma se efectúe conforme a la ley y al reglamento correspondiente”, según refiere el ente de control.

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Además la Supersociedades puede “ordenar la remoción” de administradores, empleados o revisores fiscales por incumplimiento de órdenes por parte del ente supervisor. La remoción también implica “una inhabilidad para ejercer el comercio, hasta por diez (10) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo correspondiente”.

Cabe recordar que en contra de  la Unión Temporal Centros Poblados se adelantan varias investigaciones, luego de que se conociera que esta entregó una garantías bancarias falsas para que le adjudicaran un millonario contrato del ministerio de las TIC, con el que se buscaba instalar más de 7.000 de conectividad en áreas rurales.

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