LUIS ALFREDO RAMOS

Corte Suprema condena a Luis Alfredo Ramos a 95 meses de prisión por parapolítica

El exgobernador de Antioquia asegura que es inocente.
sábado, 2 de octubre de 2021 · 08:49

Tras 10 años de haber iniciado un proceso en su contra, Luis Alfredo Ramos, quien fue gobernador de Antioquia entre los años 2008 y 2011, fue condenado por la Corte Suprema a 95 meses de prisión, es decir casi 8 años, por parapolítica.

El alto tribunal encontró que el exgobernador sí tuvo vínculos con paramilitares durante los años 2001 y 2007, especialmente con miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y los hermanos Castaño. 

Comunicado de la Corte Suprema

Incluso la Corte acusó a Ramos de haber puesto “la función pública al servicio de los paramilitares”. También se comprobó que la campaña del político para ser gobernador fue financiada por estos grupos ilegales, y que varios jefes paramilitares sostenían una relación cercana con el funcionario.

El tribunal además advirtió que el político le habría ofrecido su respaldo a estos grupos una vez estuviera en el poder, poniendo en riesgo a la ciudadanía, pues gracias a ello, en Antioquia se desató una ola de violencia durante ese periodo.

Ramos obtuvo el 51% de los votos para ser elegido como gobernador de Antioquia

“Los acuerdos a que llegó el acusado con comandantes de grupos de autodefensas, para recibir apoyo económico y en votos en las campañas que adelantó aspirando al Senado y a la Gobernación de Antioquia, a cambio de promoverlos durante el ejercicio de las funciones una vez elegido, como realmente ocurrió cuando se desempeñó como senador, hechos que tuvieron ejecución entre 2001 y 2007", señala la Sala.

Aunque la Corte presentó pruebas contundentes en su contra como testimonios de jefes paramilitares, Ramos asegura que es inocente y que ha sido víctima de “falsos testigos”, hecho que volvió a afirmar en un vídeo que publicó a través de sus redes sociales tras conocerse la decisión del tribunal.

La sentencia, que fue otorgada por la Sala Especial de Primera Instancia, también incluye una sanción económica de 7.000 millones de pesos e inhabilidad de por vida, por lo que no podrá volver a ejercer cargos públicos. 

Adicionalmente, el alto tribunal estableció que la condena “no procede ejecución condicional ni prisión domiciliaria”, con lo que una vez quede en firme la sentencia será recluido en una cárcel.

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